La turra institucional ha venido para quedarse. Si hace unos días el «no es magia, son tus impuestos» inundaba los medios de comunicación, en breve le tomará el relevo otra cantinela adoctrinadora, pero en esta ocasión con el propósito de concienciar de la importancia de las cotizaciones a la Seguridad Social para el sostenimiento de las pensiones. Según el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de este año, la campaña publicitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ejecutará hasta el 30 de diciembre de 2023 y tendrá un coste para las arcas públicas de 5 millones de euros, lo que hace un total de 14 millones de euros si se añade el gasto del Ministerio de Hacienda y Función Pública en publicidad encaminada a sensibilizar a la ciudadanía sobre el pago de impuestos.
El Gobierno sabe perfectamente que no sale gratis que los ciudadanos dejen de percibir a España como el infierno fiscal que es, sino que ello requiere de una maquinaria mediática funcionando a pleno rendimiento. Bajo las estrategias adecuadas de desinformación, repitiendo soflamas y dogmas hasta convertirlos en verdades, lo imposible se vuelve posible.
En este caso, el plan de comunicación debe convencer a los ciudadanos de que el desequilibrio financiero de la Seguridad Social sí que puede ser corregido y que, irremediablemente, la única solución pasa por la vía de los ingresos subiendo las cotizaciones de quienes más ganan. Sin embargo, a pesar de que el NO-DO tilde la reforma de progresista porque supuestamente el peso del ajuste recae sobre los ricos, lo cierto es que la reforma contempla que las cotizaciones se incrementen para el conjunto de los trabajadores independientemente del sueldo que cobren.
Por un lado, entre las medidas que sí que afectan directamente a las rentas más elevadas se encuentra la cuota de solidaridad, un recargo temporal sobre la parte del salario que no cotiza, esto es, sobre la diferencia entre la base máxima de 54.000 euros y el sueldo real. Según ha podido conocerse por filtraciones a los medios, la cuota sería de un 1% a partir de 2025 y se iría incrementando 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. Teniendo en cuenta que no se trata de una cotización social que genere más derechos sobre las pensiones y que no tiene el carácter de voluntario, sino de un impuesto porque sí, resulta grotesco que se le denomine de esa manera.
El destope de las bases máximas es el siguiente punto de la reforma que sigue la estela de castigar a los salarios más altos. Si bien vendrá acompañado de una revalorización de la pensión máxima, ésta última aumentará diez veces menos que las bases, de modo que se terminará pagando más de lo que se recibirá en un futuro. En otras palabras, aunque se trate de encubrir con una maraña de palabrejas, supone otra subida de impuestos.
Además de las dos medidas indicadas, el último elemento de la reforma que se aplica de manera universal a todos los trabajadores consiste en doblar el mecanismo de equidad intergeneracional. Este recargo, que tampoco genera más derechos sobre las pensiones futuras, actualmente se encontraba en el 0,6% –un 0,5% a cargo de la empresa y un 0,1% a cargo del trabajador– e iba a estar operativo hasta el 2032. No obstante, a partir de ahora se incrementaría una décima por año hasta llegar al 1,2% en 2029 y continuaría vigente hasta el 2050, tal y como lo solicitó Bruselas.
Es curioso cómo, cuando se anunció la puesta en marcha del mecanismo de equidad intergeneracional, no paraba de insistirse en que las pensiones estaban más que garantizadas gracias a la adopción de dicha medida. También llama la atención que el Gobierno anunciase la llegada de dinero de la Unión Europea vanagloriándose de haberlo conseguido sin condiciones ni hombres de negro, pero que ahora el siguiente desembolso del Fondo de Recuperación se encuentre suspendido en tanto no se proceda a reformar el sistema de pensiones. El Gobierno, dependiendo de quién pregunte y para qué, puede o bien negar que las pensiones están quebradas o bien admitir su descalabro reconociendo que sí que hace falta realizar ajustes.
Pero todavía hay más. La letra pequeña del mecanismo de equidad intergeneracional de marras esconde un incremento automático si el agujero en el sistema de pensiones persiste. Cada tres años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) evaluará el impacto de las medidas adoptadas y, de no ser suficientes, propondrá otras nuevas que, si no entran en vigor el 1 de enero del año siguiente a la publicación del informe de la Airef, supondrán la aplicación de una subida automática de las cotizaciones para compensar parte del exceso de gasto que exista.
La decisión política del ministro José Luis Escrivá de cargar sobre los trabajadores la totalidad del ajuste del sistema de pensiones es más que cuestionable si se tienen en cuenta las opiniones que vertía cuando no era político afirmando que en España las cotizaciones eran muy altas y de las más altas de los países de su entorno. El hecho de hipotecar el futuro de los jóvenes de ahora y de los que están por venir para mantener contenta a una masa electoral creciente deja en evidencia que el propósito del Gobierno no es procurar un mayor bienestar al conjunto de los ciudadanos, sino garantizar su red clientelar a cualquier precio. La balanza no es que no esté equilibrada, es que ya no hay balanza alguna.
Volviendo a los cinco millones de euros destinados a concienciar de que este atraco a mano armada a los trabajadores es por su bien, un posible eslogan para la campaña promocional que se viene y que resumiría a la perfección la reforma a aplicar podría ser algo así como «chaval, no es que seas pobre, es que eres solidario intergeneracional».
Por Florencia Malga