En el deporte, las pruebas antidopaje son el filtro a partir del cual los deportistas, una vez las superan, pueden tener claro que compiten formalmente en igualdad de condiciones con los demás. Algo parecido ha ocurrido con las empresas en la Unión Europea. Tras la caída del velo de los estímulos gubernamentales aplicados en los últimos años, salieron a relucir los serios problemas de supervivencia que venían atravesando multitud de compañías y que, hasta entonces, se encontraban en un absoluto estado de letargo.
Las medidas fiscales, monetarias y de supervisión que contribuyeron a dotar de mayor liquidez a las mercantiles tuvieron un efecto sedante en la economía y, a modo de venda en los ojos, no eliminaron las complicaciones que en el fondo persistían y a las que tarde o temprano habría que hacer frente. Como cada acción tiene su reacción, los estímulos dejaron a su paso lo que cabía esperar: una inflación galopante y, por consiguiente, una subida de los tipos de interés como respuesta por parte del Banco Central Europeo.
Lo anterior, unido al incremento de los costes de producción, a los problemas en la cadena de distribución y, en general, al frenazo de la economía que se viene gestando desde la irrupción de la pandemia ha provocado que las solicitudes de quiebra en la Unión Europea durante el último trimestre del año 2022 aumentasen un 26,8%, alcanzando los niveles más altos desde que se comenzaron a recopilar estos datos por Eurostat en 2015. Sin embargo, si se pone el foco en nuestro país, dicho porcentaje se duplica, pues en España las quiebras se incrementaron en un 59,5% en el último trimestre del año pasado.
Desde Moncloa pueden presumir de haber conseguido con su gestión que España sea el país de la Unión Europea donde más han aumentado las declaraciones de bancarrota desde que comenzó la crisis generada por el coronavirus. Durante estos tres años han quebrado 19.134 empresas: 3.658 en 2020, 5.870 en 2021 y 9.606 en 2022; o lo que es lo mismo: las declaraciones de bancarrota en España han aumentado desde 2020 un 163%. Con España liderando el ranking de quiebras empresariales y desconociendo en la actualidad los datos de Alemania, sigue Austria con un incremento del 59%, Francia con un 33%, Bélgica con un 29% y Finlandia con un 25%. Por el contrario, descienden las quiebras en Italia un -5,6%, en Portugal un -28%, en Polonia un -34%, en Países Bajos un -33%, en Eslovaquia un -35% y en Rumanía un -44%.
A la vista de los datos, para explicar lo ocurrido en España no hay que apelar ni a Putin ni al Covid como acostumbra a hacer el Gobierno para echar balones fuera cuando de formular autocrítica se trata, sino que es necesario evaluar la gestión llevada a cabo. En efecto, el caso de España demuestra de forma palmaria que tal vez no fue una decisión acertada mantener durante dos años una moratoria concursal que lo único que hizo fue evitar una oleada de concursos y, en consecuencia, de quiebras, posponiendo artificialmente la solución al problema y mismo agravando con el paso del tiempo el estado de las empresas. La prórroga de la medida hasta el 30 de junio del 2022 provocó que empresas insolventes estuviesen dispensadas de presentar concurso de acreedores y que, finalmente, terminasen por convertirse en empresas zombies, esto es, mercantiles inviables económicamente que mantuvieron su actividad de forma artificial gracias a las medidas públicas que se iban aprobando. Por esta razón, retirados los estímulos y suprimida la moratoria concursal, el volumen de quiebras empresariales se ha disparado y concentrado en la segunda parte del 2022, como bien muestran los datos.
Por otro lado, en lo que respecta a los concursos de acreedores de personas físicas y autónomos, según el Consejo Asesor del Registro de Economistas Forenses (REFOR), la cifra ha pasado de los 2.544 en 2019 hasta los 9.669 en 2022, esto es, se han incrementado en un 280,07%.
Además de la moratoria concursal señalada, otros motivos que explican por qué España lidera el ranking de concursos de acreedores y cierres de empresas son, por un lado, la vulnerabilidad propia de un tejido empresarial compuesto por muchas microempresas dedicadas a sectores muy golpeados por la pandemia como son el comercio minorista, la hostelería y el turismo; y, por otro lado, la adopción de políticas económicas con efectos contractivos como el incremento de los costes laborales y la presión fiscal.
Lo del tejido empresarial español, como Santiago Nasar, está siendo crónica de una muerte anunciada.
Por Florencia Malga