Ascega Hoy

Culpar al otro, o como quitarse la caspa de encima

Los primeros casos de aplicación de la Ley de garantías de libertad sexual han provocado sobresalto social generalizado. Nadie desea que quienes han sido juzgados y condenados por delitos sexuales vean reducida su pena con la nueva legislación.

El desacuerdo surge con las respuestas a preguntas como: ¿incurrió en error el poder legislativo?, ¿son culpables los letrados que solicitan la reducción de las penas?, ¿tal vez se han equivocado los jueces que han aplicado las reducciones? o ¿la ley se tramitó precipitadamente?

Recordemos que fue aprobada con los 205 votos de los diputados de los partidos que habitualmente apoyan al Gobierno, más Ciudadanos, 3 abstenciones de la CUP y 141 votos en contra de PP y Vox.

Más de 20 instituciones emitieron informes que no fueron tomados en consideración, entre ellas: Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Consejo Económico y Social y Agencia Española de Protección de Datos. Añadan que tres ministros son jueces -Defensa, Interior y Justicia.

Veamos ahora algunas de las reacciones ante las consecuencias.

Irene Montero ha denunciado que “…algunos jueces no están cumpliendo la ley”, además de calificarlos de “machistas”. Otros de sus camaradas utilizan el término “fachas con toga”.
Ione Belarra: “Una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al gobierno de coalición”.

Jaume Asens, que preside el grupo parlamentario de UP. “El problema no está en la ley, está en la justicia; …los jueces no pueden suplantar al legislador interpretando lo que no dice la ley”.

Victoria Rosell, jueza en la órbita de Podemos, dice que “el problema no existe… el ejecutivo y el legislativo han hecho los deberes”; y pide a los medios de comunicación que “no informen sobre la solicitud de revisión de condenas”.

Pedro Sánchez apela a la “sensibilidad de los jueces”, algo que se parece mucho a los que afirman que los jueces “deben interpretar la ley”.

María Jesús Montero razona que se trata de una ley del Gobierno, apoyada solidariamente por todos los ministros, y añade que hay que estudiarla: ¿Por qué no estudiaron en su momento los informes emitidos por instituciones expertas?

La solidaridad de los miembros del Gobierno a la que se refiere la ministra, señala al señor Sánchez como verdadero responsable de lo sucedido.

No ha habido dimisiones ni ceses entre los 205 diputados, 22 ministros, altos cargos y asesores del presidente, de sus ministros y de los grupos parlamentarios, pese a que nadie reparó en lo que podía suceder.

La soberbia y, sobre todo, el afán de permanencia, les impide asumir las responsabilidades, no digo ya políticas, sino morales, derivadas de sus actos. El voto es algo más que apretar un botón; antes de hacerlo siguiendo las indicaciones del que levanta el dedo que procede, hay que meditar sobre lo que se aprueba y, si no se está convencido, usar la libertad de conciencia.

Porque los condenados que ya se han ido a la calle, o saldrán antes de lo previsto, como consecuencia de la aplicación de la ley, permanecerán en la calle…, muchos de ellos hasta que vuelvan a cometer delitos similares y todos volvamos a lamentarnos de lo sucedido.

Y con la supresión, revisión, modificación o sabe Dios qué, de los delitos de malversación y sedición, podría suceder algo parecido, si el Código Penal se modifica a la carta, a petición de los condenados.

Algunas de las cosas que están sucediendo dejan perplejo a Juan Don Nadie, cuya norma básica es el sentido común, cualquiera que sea su ideología.

Por Alfonso García Lóperz. www.mundiario.com

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