Se está hablando mucho estos días del “regalo” de Año Nuevo que nos tienen preparado nuestras autopistas. Ni más ni menos que un 9% de incremento en sus tarifas. La subida de precios es tan desorbitada y puede hacernos tanto daño que ha llegado incluso a provocar que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya enviado una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para solicitarle que el Ejecutivo español tome las medidas oportunas para impedir la anunciada subida, que según el propio presidente señala, es «inasumible para los gallegos e inaceptable para su Gobierno».
Creo que es la primera vez que la Xunta toma partido de una forma tan rotunda y activa frente a los desmanes, agravios y abusos a los que nos lleva sometiendo Audasa desde hace ya mucho tiempo. Bienvenida sea esta nueva posición, aunque mucho me temo que se vaya a quedar en una pataleta simbólica sin ningún tipo de efectividad real.
Yo quiero volver a recordar que Galicia es la única comunidad autónoma del Estado español en la que todas sus autopistas son de peaje. Una situación que, cierto es, viene del pasado, pero que el gobierno de coalición entre socialistas y comunistas no ha sido quien de revertir. Y eso a pesar de que un alto dirigente del PSOE dijo en su día que la igualdad estaba en el ADN de los socialistas. Pues una de dos, o quienes nos gobiernan tienen ese cromosoma dañado o bien consideran que Galicia es un reserva india y que, como tal, no merece gozar de los mismos derechos que el resto de los españoles.
Escuchando a nuestros políticos, a los de un color y a loa de otro, da la impresión de que en el asunto de la gestión de nuestras autopistas, parece que no hay culpables. En mi opinión, lo que ocurre es precisamente lo contrario: todos son culpables. A lo largo de las últimas décadas hemos pasado por distintos gobiernos y de distintos colores. Pues bien, nadie ha sido nunca capaz de ponerle el cascabel a este gato. Es más, ni siquiera han sido quien de acercarse para intentarlo. Y así nos va.
En marzo de este año nos llegaba la noticia de que Unión Europea estimaba la demanda presentada por varios abogados de Vigo agrupados en la plataforma En-Colectivo y declaraba ilegal la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta el 2048, concedida por el gobierno de José María Aznar. Casi al mismo tiempo, y para perplejidad de muchos, entre los que me incluyo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó entrever que la respuesta que había recibido de Europa respecto a la prórroga a Audasa era de que su concesión había sido completamente legal. Y ahí nos quedamos. Sin saber qué hacer ni qué decir porque nadie, ni unos ni otros, han aclarado la situación ni han dado paso alguno para resolverla.
Mucho me temo que los nativos de esta reserva india vamos a seguir pagando peajes a Audasa durante mucho tiempo. Con todo lo que ello conlleva. Galicia se ha convertido en una tierra hostil para desarrollar proyectos empresariales y deberíamos reflexionar en torno a ello. ¿Por qué los gallegos triunfan fuera de Galicia pero les cuesta tanto hacerlo aquí? Yo sostengo que una buena parte de culpa la tiene el peaje a la movilidad, un hándicap que en muchas ocasiones se vuelve inasumible en un territorio disperso como el nuestro. En verdadera igualdad de condiciones, otro gallo nos cantaría.
Por José Luís Vilanova