No es mi intención meterme en honduras en esta cuestión ya que mi formación es mercantil y no jurista, pero como ciudadano no puedo dejar de manifestar y expresar mi preocupación acerca de que en nuestro país se esté negociando algo que a todas luces debería ser incuestionable e innegociable, como es la separación de los poderes del Estado.
Asisto con perplejidad a la batalla desatada entre una, dos, tres, o me es indiferente el número de fuerzas políticas que sean, por hacerse con su parte en el control de la sucesión de la cúpula del poder judicial. Y cuando no hay batalla, hay negociación. Que también me da igual. En ese tema no debería haber ni batalla ni negociación posible. Porque cualquiera de las dos opciones conlleva ejercer una influencia política en un ámbito en el que no le corresponde.
La separación y la independencia de poderes está en la base de nuestra democracia. De ahí mi preocupación respecto a que esto se ponga en cuestión. Porque si lo cuestionamos, lo que estamos cuestionando, en definitiva, es la propia democracia.
La separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, contemplada en la Constitución, implica que estos sean ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes –y subrayo lo de independientes- entre sí. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa. La que, como señalaba Montesquieu, evita que se pueda abusar del poder ya que, como también apuntaba el pensador francés, «todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; hasta que encuentra límites».
Me preocupa y mucho que esa línea roja se pueda traspasar con semejante tranquilidad sin que desde ningún ámbito, ya no digo político sino social, se active ninguna alerta. Está claro que vivimos en una sociedad adormecida, en la que ya ni siquiera nos llama la atención que se derribe uno de los pilares que sustentan nuestro sistema democrático.
Ya digo que no soy jurista, por lo que no conozco las claves que podrían salvaguardar la independencia del poder judicial. Pero creo, como ciudadano preocupado por esta cuestión, que bastaría con regresar a la situación anterior a 1985, fecha en la que el Gobierno de Felipe González aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fijaba que los 20 vocales del CGPJ serían elegidos por las Cortes, a partes iguales por ambas Cámaras.
Considero que el debate abierto en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial está adulterado en su misma base, en sus principios. No hay nada que negociar. Antes de modificar nada, lo primero es garantizar su independencia. De lo contrario estaremos socavando los cimientos democráticos. Y aunque puede que nuestra democracia no sea perfecta, es el menos malo de los sistemas políticos. Así que salvaguardémosla.
Por José Luís Vilanova