Ascega Hoy

“Los ciudadanos indefensos”

Nunca en la historia de nuestra democracia la condición de ciudadano se había visto tan amenazada frente a los usos y abusos de una administración pública cada día más impune

Ya es un clamor la cada vez mayor distancia en derechos y obligaciones de unos ciudadanos convertidos en dóciles súbditos frente al abuso de poder de políticos y funcionarios.

La reciente pretensión de indultar a un político, José Antonio Griñán, con una sentencia firme por malversación continuada del dinero de todos, o la falta de cualquier tipo de responsabilidad personal ante los errores o los malos usos de los empleados públicos, no deja de confirmar que no todos somos iguales ante la ley, o como diría el refranero popular, “el que hace la ley hace la trampa”.

La misma administración que impone acotados y exiguos plazos en pagos, contestaciones y solicitudes a sus obedientes súbditos, se libera a si misma de la exigencia de cualquier tipo de plazo.

Un ciudadano que dispone de pocos días para contestar un requerimiento puede verse obligado a la espera eterna de una resolución, una sentencia o una licencia.

Estas demoras a las que nos enfrentamos los ciudadanos, en la mayoría de los casos generan unos daños económicos y morales que nunca derivan responsabilidades personales de empleados públicos o políticos.

El incumplimiento por parte de la ciudadanía de cualquiera de las numerosas leyes, normativas, ordenanzas y bandos, recibe un castigo inmediato por parte del aparato estatal con sanciones económicas y patrimoniales ejemplarizantes.

Los errores, o no tan errores, de los empleados públicos rara vez repercuten en su vitalicio puesto de trabajo o en su patrimonio personal.

Esta injusta situación de privilegiados y súbditos hace cada vez más complicada la actividad a autónomos y empresas, que cada día chocan contra un muro frente al que  sólo se les da la opción de acudir a un procedimiento contencioso administrativo por vía judicial.

En definitiva, más tiempo y más dinero, la administración se defiende con el dinero de todos, con cada vez mayor número de sentencias a favor,  de una cada vez más impune administración.

A la pregunta de,  ¿qué podemos hacer para defendernos?, sólo cabe una respuesta, exigir igualdad real de derechos y deberes, reclamar las mismas responsabilidades a políticos y empleados públicos que estos nos exigen a nosotros, proclamar la necesidad, por salud democrática, de un aparato de justicia independiente y ecuánime y exigir que, de una vez  por todas, los ciudadanos, como exige nuestra constitución, seamos iguales ante la ley.

Urge un cambio real, digamos “Basta ya”.

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