Aunque el diccionario de la RAE aún no recoge esa acepción, el Gobierno de España ha puesto de moda el término «topar», en alusión a fijar un precio máximo para determinados bienes o servicios.
Primero topó el precio del gas y ahora quiere hacer lo mismo con algunos alimentos habituales de nuestra cesta de la compra.
Cierto es que hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque, ya se sabe, con la comida no se juega.
Pero, y sin que sirva de precedente, no me parece mal que se fijen algunos límites en cuestiones básicas.
De hecho, lo he reclamado en varias ocasiones y desde hace ya bastante tiempo a través de esta sección.
Y aún voy más allá. Sería entendible e incluso aconsejable que ahora, que ya hay precedentes, se toparan también las tarifas de otros servicios y de otros productos estratégicos, de forma que estas fuesen fijas y accesibles para la mayoría de la población.
Porque eso es lo que no entiendo, que para unas cosas hay un discurso y para otras el contrario.
Si el Gobierno considera que topar los precios puede ser una herramienta útil para frenar la inflación y para mejorar algo la vida de los españoles, ¿por qué no mantiene el discurso en otros sectores y hace lo mismo con, por poner un caso, los transportes y las comunicaciones?
Máxime teniendo en cuenta que, por ejemplo, los servicios ferroviarios en este país son prestados por una empresa pública.
Pero no, ahí sigue habiendo discriminaciones dependiendo de donde vivas. O se siguen manteniendo las tarifas dinámicas, lo cual es una aberración.
Los habitantes de las grandes urbes tienen ahora los servicios de cercanías gratuitos.
¿Y qué pasa con la España vaciada y despoblada?
¿Por qué, precisamente, quienes lo tenemos más difícil, quienes siempre estamos en la situación de perdedores, somos los que seguimos sin contar con estas ventajas?
Lo lógico sería lo contrario. Que fuesen precisamente los residentes en las zonas más deprimidas quienes contasen primero con las ayudas. Pero va a ser que no. Que lo de la coherencia en el discurso queda para mejores ocasiones.
Y luego, pasa lo que pasa, que si no eres coherente no te creen.
Y así, si a un autónomo gallego hoy le sale una oportunidad de negocio y mañana tiene que coger un tren a Madrid, va a tener que seguir pagando en torno a 200 euros.
Un despropósito absoluto. Es fundamental que los legisladores entiendan que no todos podemos prever y programar nuestros desplazamientos para así poder comprar los billetes con antelación y con una tarifa sensiblemente menor.
Que muchos profesionales estamos sujetos a lo que nos dictan esas oportunidades de negocio que, por supuesto, no estamos en condiciones de desaprovechar, aunque por desgracia tengamos que pagar un precio demasiado elevado por atenderlas.
No se puede ni debe consentir que una empresa pública tenga una tarifa dinámica.
Tampoco pido que sea gratis, como los cercanías.
Lo que tiene que tener son precios fijos y competitivos.
Así que, si vamos a topar, no estaría mal empezar por lo que tenemos más a mano, por lo que no depende de otros.
Por José Luís Vilanova