Ascega Hoy

Someso, un carpetazo infame

Al cambiar el uso del suelo de público a privado, el ayuntamiento debía de informar a los expropiados por si querían aplicar su derecho a la reversión, recuperar las tierras y negociar con los promotores un precio más ventajoso. No lo hizo. La mayoría de los afectados acabaron por solicitar la reversión más de diez años después de las expropiaciones

Cada vez que un coruñés paga un impuesto puede tener claro que contribuye a sostener el gasto público, un cajón en el que podemos encontrar servicios de los que se beneficia la población, pero también alberga gastos ominosos. La hucha común ha contribuido a enjugar uno de los episodios más lamentables que se recuerdan en la gestión municipal, un despropósito al que se acaba de dar carpetazo ante la satisfacción nada disimulada del equipo de gobierno que lidera Inés Rey. Todo ocurrió entre Someso y María Pita durante algo más de tres décadas. Una historia para no creer, que es pura realidad y que generó la mayor indemnización urbanística de la historia de la ciudad.

Todo empieza en 1987 cuando Xunta y Concello llegaron a un acuerdo para construir un nuevo acceso al polígono de Pocomaco. Un año después los rectores municipales adjudicó las obras de un vial de casi kilómetro y medio, el mismo que se sigue empleando hoy. Pero los trabajos comenzaron con retraso porque no se alcanzaron acuerdos con los propietarios de los terrenos. Finalmente se llegó a la vía de la expropiación y el ayuntamiento, mediante una providencia firmada por Francisco Vázquez en abril de 1989, activó la vía forzosa para hacerse con 21 parcelas que jamás llevó al registro de la propiedad. El vial, con algún aplazamiento más en su construcción, se acabó abriendo en unos trabajos que asumió la administración autonómica y por el camino sobraron tres cuartas partes de los terrenos, que quedaron en manos del ayuntamiento y sobre los que se hicieron variadas promesas, como la de construir en la zona un campo de fútbol con capacidad para cuatro mil personas del que se iba a beneficiar un modesto e histórico club, el Relámpago de Elviña.

Lo que ocurrió fue que no rodaron pelotas sino ladrillos. En 1998 el ayuntamiento recalificó los terrenos como suelo urbanizable y cuatro años después constituyó una junta de compensación encargada de urbanizar la zona. En 2004 se acabaron por enajenar parte de los terrenos en beneficio de varias promotoras inmobiliarias agrupadas en torno a Antonio Fontenla, entonces presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.

Al cambiar el uso del suelo de público a privado, el ayuntamiento debía de informar a los expropiados por si querían aplicar su derecho a la reversión, recuperar las tierras y negociar con los promotores un precio más ventajoso. No lo hizo. La mayoría de los afectados acabaron por solicitar la reversión más de diez años después de las expropiaciones, pero se encontraron con la negativa municipal y con alguna sorpresa, como un informe firmado por el ayuntamiento que explicaba que las fincas no se expropiaron sino que se había llegado a un acuerdo de compraventa.

El catálogo de irregularidades fue prolijo. Se destinaron terrenos municipales para construir vivienda que no era de protección oficial o con precios sociales, se vendió una propiedad pública sin sacarla a concurso público. Pero todo se resume en un informe municipal hecho público en 2013 que concluyó que la aventura en Someso le costó a las arcas municipales más de 27 millones de euros, a los que hubo que sumar los 8,2 millones en indemnizaciones que recibieron los expropiados tras acudir a la Justicia y que les diesen la razón.

Corrieron algunas prescripciones y el asunto fue dando vueltas hasta que ahora el Consello Consultivo de Galicia, la última instancia que investigaba el asunto, ha emitido un dictamen en el que justifica que no se deben revisar los acuerdos de transmisión de propiedades por parte del ayuntamiento a las promotoras porque podría perjudicar a particulares que habitan los pisos construidos a partir de actos administrativos nulos, pero que nada tienen que ver con el asunto.

 

Las irregularidades son notorias y reconocidas y asumidas por todas las instancias que han estudiado el caso. No habrá responsabilidades individuales y las denuncias sobre relaciones societarias entre Francisco Vázquez y Antonio Fontenla hace tiempo que se archivaron. El velo que se corre no es muy tupido. Todo se observa. Pero paga Juan Pueblo y patada a seguir. Aunque no haya campo de fútbol.

Por Bárbara Rivas.

 

 

 

 

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