Ascega Hoy

¿Podemos exigir plena transparencia a las administraciones?

El incumplimientos de la legislación en materia de transparencia suponen un retroceso de la confianza de los ciudadanos en la labor desarrollada por los organismos públicos

 

En un régimen político moderno y plenamente democrático, dos de sus pilares trascendentales son la transparencia y la responsabilidad, dado que son exigencias que la propia Sociedad Civil tiene que requerir para poder fiscalizar la actividad de los poderes públicos y contribuir a mejorar la calidad de los servicios que prestan las diversas administraciones públicas.

Y esas exigencias de trasparencia no son sólo una obligación recogida ya en su día en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013 –en Galicia se publicó otra nueva Ley en 2016-, sino que cuando funciona adecuadamente fortalece y refuerza la imagen y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Aunque la referida Ley supuso un importante adelanto en nuestro régimen jurídico para evitar la secular opacidad de las administraciones frente a los ciudadanos, y facilitó que cualquier persona pueda acceder a información de archivos y registros oficiales sin verse en la obligación de justificar la petición, las trabas y dificultades para obtener datos que tendrían que estar publicados no dejan de incrementarse ante el temor de algunos políticos a someterse al control de la ciudadanía. En todo caso, tendríamos que acostumbrarnos a que cualquier ciudadano o entidad civil que entienda que no se cumplen con las obligaciones legales de transparencia por parte de una administración, puede acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública- para presentar la correspondiente denuncia, que puede tramitarse por vía telemática.

Si a ello añadimos que los partidos políticos que compiten por gobernar no suelen cuantificar económicamente la viabilidad de sus propuestas, ni tampoco concretan qué reformas a nivel constitucional y legal han de llevarse a cabo para cumplir con sus promesas electorales, provoca que los ciudadanos no se crean las promesas presentadas en los programas a la hora de depositar su voto.

El resultado de estos incumplimientos de la legislación en materia de transparencia suponen un retroceso de la confianza de los ciudadanos en la labor desarrollada por los organismos públicos,  limitando el  derecho de la Sociedad Civil a tener un completo conocimiento de cómo y en qué se utilizan los recursos públicos que se obtienen por la vía impositiva. Una asignatura pendiente más de nuestra todavía joven democracia.

 

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