Ascega Hoy

Tarjeta roja a la Banca y al Gobierno

En estos tiempos de pensamiento dual (lo del único pasó a la historia), lo que cada día se impone en el debate social y político son las fake news, los trendings topics y, por supuesto, la omnipresencia del covid. Sin embargo, hay cuestiones que a todos nos afectan y que muchos padecemos pero de las que apenas se habla y casi nunca encuentran un hueco en los medios informativos.
Husmeando por la red me topé hace días con una información, no aparecía muy destacada, que señalaba que el volumen de pagos con tarjeta de crédito o débito en España en 2021 superó en un 33% al de 2020 y en un 27% al de 2019, el último año prepandémico. ¿Y eso que implica? Pues entre otras cosas, que la banca, que es quien expide y gestiona esas tarjetas, ingresa una cifra considerablemente superior por este concepto.

Porque no lo olvidemos, además de la comisión que las entidades bancarias le cobran anualmente al cliente por disponer de una tarjeta, el banco cobra también una comisión a cada establecimiento por la realización de cada operación. Un negocio redondo se mire por donde se mire. Cuantas más tarjetas, más comisiones. Cuantas más transacciones, más ingresos.

Pero no es este el único ejercicio de voracidad financiera de nuestro sector bancario, al que, conviene recordar, rescatamos no hace mucho con dinero de todos los españoles en una operación cuyo coste superó los 100.000 millones de euros.

En los últimos años las entidades bancarias han implementado, primero, e incrementado de forma considerable, después, lo que llaman «comisión de mantenimiento y administración de cuentas». Es decir, que por el mero hecho de tener una cuenta, por ejemplo en Abanca, uno tiene que abonar una nada despreciable cantidad semestralmente, con independencia de si hace o no,  uso de ella.

Una comisión a todas luces sangrante que afecta sobre todo a los más vulnerables, a aquellas personas a las que su saldo medio no les permite negociar con la entidad o disponer de cuentas liberadas de comisiones.

Pero es que disponer de una cuenta bancaria no siempre es voluntario. Si usted es autónomo o tiene trabajadores a su cargo, necesariamente tiene que domiciliar el pago de sus cuotas o de las nóminas. Es decir, el propio Estado nos obliga a contratar un producto por el que después vamos a tener que pagar.
Es por ello que un gobierno que se dice socialista tendría que actuar frente a esto y dictar normas que impidan estos abusos que, como digo, afectan principalmente a los más vulnerables, a quienes menos tienen.
Igual que hoy se anuncia una intervención para regular el precio de los test de antígenos , también en esto llegamos tarde ya que los países de nuestro entorno hace mucho que lo hicieron, llegando incluso a la gratuidad de los mismos, sería necesaria también una legislación que ponga fin a estas injusticias y excesos a las que nos someten las entidades bancarias, amparadas en sus muchos privilegios y sus cada vez menos obligaciones.

Por José Luís Vilanova

 

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