Ascega Hoy

Las trabas de la administración para conseguir una licencia municipal

Pese a ser un problema conocido por los gobernantes, no se ponen en marcha las leyes que pueden ayudar a solventarlo

En Galicia las dificultades para abrir un negocio son enormes, especialmente si es necesario realizar obras en el local. Los permisos llegan a tardar, en muchos casos, más de un año, y los mecanismos para estar al tanto del proceso son insuficientes y, en la práctica, casi inexistentes.

Se trata de una problemática que los empresarios y los colegios profesionales llevan denunciando desde hace ya muchos años. No solo porque supone un grave perjuicio para el desarrollo de su actividad, también porque cuestiona la actuación de las administraciones en materia de transparencia.

En la actualidad, el sistema está configurado de tal forma que no es posible comprobar si la Administración municipal sigue el orden de solicitudes en la tramitación de licencias, si deja prescribir algunas infracciones o si puede llegar a conceder ciertas ventajas burocráticas en algunos casos.

De esta forma, para un empresario resulta imposible realizar un seguimiento y control de la actividad de la Administración en materia de licitación, así como conocer en qué fase se encuentra la tramitación de la licencia, o incluso comprobar si se cumplen o se han cumplido los plazos durante el proceso.

A grandes rasgos, lo único que se puede conocer es el número de licencias emitidas anualmente por el departamento de Urbanismo de cada municipio.

En una coyuntura económica como la que ha dejado la pandemia, los empresarios son claros sobre la problemática que esto genera para el desarrollo de negocios: “Mientras no abrimos, no se factura”.

En el caso de la ciudad de A Coruña, este problema ha ido a más en los últimos años. Desde la Asociación de Emprendedores de Galicia (ASCEGA) han denunciado en infinidad de ocasiones que la tramitación de los permisos es “excesivamente lenta y que los solicitantes “no pueden conocer la situación del expediente, quién lo gestionó, o la duración media del procedimiento”.

El sistema de transparencia que tendría que ser aplicado en materia de licitación

El sistema de transparencia, dada la configuración territorial estatal, se articula en cada Comunidad Autónoma a través de su normativa propia. Así, en 2016 se aprobó la Ley de Transparencia de Galicia[1], que a similitud del modelo estatal, creó la plataforma Contratos Públicos de Galicia y el Registro General de Contratistas.

La norma gallega es tajante en la redacción de su Disposición Transitoria 3ª:

«Los instrumentos tecnológicos precisos para dar cumplimiento a las obligaciones de la presente ley se irán adecuando progresivamente a sus requerimientos de modo que, en el plazo máximo de seis meses, estén implementados para que las disposiciones contenidas en esta ley sean plenamente efectivas».

Seis meses de plazo máximo para implementar los instrumentos tecnológicos necesarios para cumplir con las obligaciones de transparencia. Obligaciones que se relacionan con las contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 54):

«Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el procedimiento se harán por medios electrónicos».

Sin embargo, la realidad según los expertos, es bien distinta: “En la mayoría de los ayuntamientos la tramitación de las licencias no se ha digitalizado. Son pocos los ayuntamientos que conceden digitalmente las licencias”, nos explica Juan José Ñañez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco).

A estas alturas, resulta incomprensible que sigan existiendo obstáculos de este tipo a pesar de estar ya aprobada una legislación que, en caso de aplicarse, podría mejorar los mecanismos existentes en materia de licitación. Pero tampoco es la única normativa aprobada que se ha quedado en el tintero.

En este sentido, desde Aproinco, llevan meses reclamando a la administración municipal la aplicación del Artículo 54. de la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. Una normativa aprobada como consecuencia de la pandemia del coronavirus que incluye un mecanismo para agilizar la concesión de las licencias.

La propuesta de Feijóo para mejorar la transparencia en la obtención de licencias urbanísticas municipales

Si bien es cierto que las leyes aprobadas hasta ahora no son suficientes para resolver el problema en su totalidad, su puesta en marcha significaría un importante avance en la materia. Por lo menos sería un indicativo de que se está trabajando sobre un problema que es de sobra conocido por la administración.

De hecho, el pasado 4 de noviembre, el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a la falta de transparencia en la obtención de licencias urbanísticas municipales durante la presentación del proyecto de Ley de Áreas Empresariales de Galicia. En concreto, planteó la posibilidad de que exista un modelo de “listas de espera” de licitaciones, para poder realizar un seguimiento del proceso en todo momento, “al igual que ocurre con la Sanidad”, aseguró Feijóo.

A juicio del mandatario, la propuesta serviría para «clarificar dónde están los problemas», ya que, según constata, a veces hay más dificultades de «gestión y ordenación» en el ámbito local que con la captación de inversiones.

Ante esta situación, no podemos evitar plantearnos muchas cuestiones. ¿Por qué no se soluciona un problema que causa tanto perjuicio en los empresarios, que son el motor económico del país? ¿Por qué no se aplican las normas que han sido aprobadas? ¿Por qué falla el sistema de transparencia que tanto hemos demandado los ciudadanos?

Por D. A.
A Coruña, 24 de Noviembre de 2021
AscegaHoy. Actualidad

 

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