Ascega Hoy

La nueva subida de las cotizaciones repercute en las empresas, pero perjudica a todos los ciudadanos

El aumento de los costes de producción ya está propiciando una mayor inflación que afecta al nivel de vida de toda la población

Con el objetivo de reforzar el sistema de pensiones a partir del 2023, el Gobierno ha aprobado esta semana un incremento de 0,6 puntos en las cotizaciones sociales por contingencias comunes.

Se trata de un aumento que, mayoritariamente, correrá a cuenta de los empresarios. La subida de 0,5 puntos será asumida por la empresa y 0,1 puntos por el trabajador, por lo que la cotización quedará en un balance del 24,1% y el 4,8%, respectivamente.

De esta forma, para un trabajador con la base mínima de cotización de 1,050 euros mensuales, la cotización adicional equivaldrá a 1,05 euros menos en la nómina (12,6 euros menos al año). Por su parte, los empresarios cotizarán por estos trabajadores 5,25 euros mensuales (63 euros al año).

Mientras tanto, para los trabajadores con la base de cotización máxima, de 4.070,10 euros mensuales, la rebaja en la nómina antes de retenciones será de 4,07 euros mensuales (48,8 euros al año) y para las empresas supondrá un coste a mayores de 20,35 euros al mes (244 euros más al año) por trabajador.

Tal y como justifican desde el Ministerio de Seguridad Social, se trata de un mecanismo que pretende garantizar las jubilaciones de la generación baby boomer.

 El incremento de las cotizaciones: una medida que no garantiza las pensiones y perjudica la actividad económica

Sin embargo, los cálculos ya apuntan a que la reforma en ningún caso será suficiente para financiar un sistema público de pensiones que hace aguas debido a la crisis demográfica que vivimos por el incremento de la esperanza de vida, el elevado desempleo y la disminución de la natalidad.

Además, si analizamos el cuadro al completo y valoramos la repercusión de la medida, son muchos los motivos que nos indican que este aumento provocará un serio daño a la actividad económica del país.

En primer lugar, porque pondrá aún más contra las cuerdas a muchas empresas que son las encargadas de crear empleo y generar riqueza. Y, en segundo, porque acabará repercutiendo directamente en todos los ciudadanos. Especialmente en las clases populares.

En la práctica, da igual que el coste de la subida la asuma mayoritariamente el empresario o el trabajador, ya que el dinero para pagarlo proviene de la misma fuente: de la actividad económica de las empresas.

Aunque muchos ciudadanos de a pie insisten en avalar la medida al pensar que se trata de un gasto económico que afecta a unos pocos y que las empresas pueden asumir, lo cierto es que no son conscientes de que la presión fiscal sobre las empresas repercute directamente en la inflación y, por tanto, en la subida del precio de todos los productos y servicios que nos brindan las empresas.

La alta presión fiscal sobre las empresas y los elevados costes de producción repercuten directamente en la inflación

Con esta subida, contratar a un empleado será todavía más caro en nuestro país, un coste que incluso puede ser imposible de asumir para las empresas más pequeñas y, por tanto, propiciará la destrucción de empleo.

Además, no podemos olvidar que el aumento de la carga impositiva al trabajo es tan solo uno de los grandes retos a los que se enfrenta actualmente un empresario.

Las empresas en nuestro país han visto cómo sus gastos se han disparado en los últimos meses por diversos factores ajenos a ellos. El incremento del precio de las materias primas y los suministros, así como el aumento de los costes del transporte, han aumentado los gastos de producción.

La luz en España se ha encarecido un 62,8% respecto al año anterior, según los últimos datos ofrecidos por el INE, y el coste de enviar un contenedor de mercancías desde China a Europa por vía marítima cuesta, hoy en día, un 684% más que en tiempos pre-pandémicos, tal y como recoge el Indice Freightos Baltic.

Ante este contexto de crisis, la asfixiante presión fiscal sobre los empresarios tan solo sirve para empeorar la situación y provocar el constante aumento de la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC), que en este pasado mes de octubre fue del 5,4%.

Por tanto, no se trata de un problema aislado ni de una cuestión que repercute solo en los márgenes empresariales. Se trata de una situación que afecta a todos los ciudadanos, disminuyendo su poder adquisitivo y comprometiendo su nivel de vida.

Por Daniela Amorín
A Coruña, 22 de Noviembre de 2021
AscegaHoy. Actualidad.

 

 

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